Nota de Prensa
A cuatro meses, Ministerio
Público no ha dado respuesta a
denuncia penal sobre
financiamiento ilícito de campañas electorales
Organizaciones depositan documento de reiteración de formal
denuncia penal con nuevos elementos de prueba
Ante la falta de actuación del Ministerio
Público sobre la denuncia penal que solicita la investigación y posterior
acusación del posible financiamiento ilícito de Odebrecht a campañas electorales
en República Dominicana, en 2012 y 2016, las organizaciones Centro Juan XXIII,
Participación Ciudadana, Fundación MASADA y Santiago Somos Todos depositaron
una reiteración formal a la denuncia penal y añadieron nuevos elementos de
prueba. Asimismo, se adhirió el Centro Juan Montalvo a las organizaciones
firmantes.
A cuatro meses de haber recibido la
denuncia, la Procuraduría General de la República no ha avanzado con las
investigaciones correspondientes, a pesar de "la gravedad de los ilícitos denunciados;
la referencia de elementos probatorios fehacientes y concordantes; la
inequívoca relación de los elementos anteriores con la normativa punitiva
aplicable”, sostiene el documento.
A los fines de robustecer la denuncia
original, las organizaciones añadieron nuevos elementos de prueba relacionados
a acontecimientos que ocurrieron posterior a su entrega el pasado 2 de mayo.
Entre estos, las declaraciones de Juan Temístocles Montás, miembro del Comité Político
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien admitió en un comunicado
publicado en espacio pagado, que recibió
aportes para tres campañas políticas de su partido por parte de Ángel Rondón,
representante comercial en la República Dominicana de la empresa Odebrecht, durante los años 2008, 2012 y 2016.
También se agrega la declaración del
coimputado Víctor José Díaz Rúa, en la que narró que para la construcción de la
segunda etapa del acueducto de la Línea Noroeste en el año 2005, el entonces
secretario de la Presidencia, Danilo Medina Sánchez, fue quien personalmente
dirigió la misión oficial que se trasladó a Brasil a gestionar el apoyo
financiero para ésta y otras obras públicas. "Esta declaración se produjo
para justificar lo innecesario que resultaba la intervención del señor Angel
Rondón como intermediario en las relaciones entre el Estado dominicano y la
empresa Odebrecht”, explican.
Se incluye además la Resolución 47/17, sobre
las medidas de coerción en contra de los imputados del caso Odebrecht, en la
que el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, admitió que la entrega de
fondos, favores o pagos en especie a un funcionario público constituye un
ilícito penal cuando el propósito sea la obtención de beneficios o ventajas
determinadas para aquel que la hace.
La entrevista realizada por el periódico El
País de España al abogado de la constructora, Rodrigo Tacla, se integra entre
los elementos de prueba por considerar de gran interés las informaciones allí
presentadas. En el reportaje titulado “El gran escándalo de América, al
descubierto” y publicado el pasado 28 de julio, Tacla expone el esquema de
corrupción utilizado por la empresa: “El primer contacto se establecía en la
campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de
los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario João Santana. La
constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de
gobierno”. Más adelante, afirma que Odebrecht tenía una relación muy cercana
con el presidente Danilo Medina, a quien recomendó al publicitario João
Santana
El candidato y presidente Danilo Medina
reconoció en el 2016, en una entrevista a un medio de comunicación, que el
publicista brasileño Joao Santana era su principal asesor de campaña y admite
que “el señor Joao Santana ha estado en el equipo de asesores de mi campaña
como el asesor principal, porque son varios, está afectado de una acusación que
le hacen en su país y él espontáneamente me dijo que tenía que ir a enfrentar
su situación a Brasil”.
Ante estos y otros indicios, las
organizaciones demandan al Ministerio Público esclarecer si el partido
oficialista, PLD, recibió fondos de Odebrecht, a través de las empresas “Polis
Caribe, SRL.” y “CINE&ART2013, SRL”, ambas propiedades del publicista
brasileño Joao Santana, tal y como afirman varios altos funcionarios de esa
empresa en instancias judiciales de Brasil. De confirmarse la veracidad de las
delaciones premiadas en Brasil de esos funcionarios, se habría violado en la
República Dominicana su Constitución y también la Convención Interamericana de
los Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley Electoral, la Ley de Lavado de
Activos y la Ley sobre el Soborno en el Comercio y la Inversión.
La denuncia especifica que en una cuenta
establecida en un banco de Santo Domingo la empresa CINE&ART 2013 del
asesor de campaña electoral del presidente Danilo Medina recibió 4 millones 396
mil 796 dólares entre octubre del 2013 y julio del 2014 en 16
transferencias provenientes de empresas de Odebrecht establecidas en Lima Perú,
cuyo destino final es de fácil rastreo en el sistema bancario.
Los denunciantes confían en que su acción
contará con el respaldo de las autoridades, como forma eficaz y definitiva de
aclarar la veracidad o la falsedad de las declaraciones de los altos ejecutivos de Odebrecht, S. A. , al igual que recibirá
el apoyo decidido de todos los/as dominicanos/as de buena voluntad, como una
evidencia más de la invariable determinación de poner fin a la era de la
impunidad en República Dominicana.
Septiembre
12, 2017
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