Por Héctor Turbi
Concluyendo un 2017 algo intenso y empezando un 2018 que promete ser aún más denso en materia de ocurrencia de acontecimientos sociales y políticos, quisiéramos dedicar estas notas para hacer un reconocimiento a cientos de mujeres, que como hecho poco advertido, pasaron a jugar este año, un papel destacado en el impulso del Movimiento Verde Por el fin de la Impunidad..
Anónimas en su mayoría, muchas jóvenes, también mujeres de la diáspora que van uno o dos pasos más adelante que nosotros aquí. En el género femenino, en general es mayor la preocupación, de si todo este esfuerzo social y ético por levantar las esperanzas en nuestra sociedad termina siendo capitalizado por uno o más partidos políticos.
Pues, la dedicatoria es también una excusa para comenzar esclareciendo ese punto. No podemos evitar que el proceso que se abierto en el país tenga consecuencias políticas.
Y no podemos por algo tan sencillo como saber que la Marcha Verde no surgió de la nada, sino que apareció en el actual contexto como un acumulativo de luchas sociales contra un régimen que se ha ido perfilando como una mafia, por tanto parecería que no sería ni siquiera necesario aclarar que es verdad que somos un movimiento social, pero que tenemos unas reivindicaciones que son imposibles de lograr sin enfrentar esa dictadura política de la impunidad.
Parece lógico y hasta natural que si en un grupo social como la Marcha Verde a cualquier nivel participa una determinada cantidad de personas que son del mismo partido o grupo político, esos ciudadanos tengan posiciones comunes a la hora de debatir o resolver determinados temas y no tiene ningún sentido excluir a ciudadanos /as por su filiación partidaria.
Asumir posiciones políticas que se correspondan con el interés general de la población que lucha por el fin de la impunidad, es la única vacuna que vemos factible, para enfrentar lo que pueda considerarse como interés mezquino o particular de grupos que no se correspondan con las aspiraciones de justicia de las mayorías.
Considerando lo anterior, quien estas notas escribe y otra buena cantidad de activistas de Marcha Verde hemos asumido en el actual contexto, la posición de exigir la renuncia del presidente Danilo Medina y más recientemente plantear la revocatoria de su mandato presidencial.
Gente ha reaccionado algo escandalizada ante este planteamiento, cosa entendible en el caso del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) y núcleos del gran empresariado, pero poco comprensible de parte de muchos otros actores que dicen estar enfrentados al actual régimen corrupto, así que este inicio de año es buen momento para explicar nuestros argumentos y pedir a los que piensan distinto que también presenten los suyos, si lo consideran apropiado.
• No es cierto que esta sea una postura galloloca, ni sentimental, al contrario se apoya en un análisis integral y completo del cuadro sociopolítico que vive el país, y considera nuestra experiencia histórica e idiosincrasia política. Esta propuesta ha sido debidamente argumentada y justificada, responde a un interés general.
• Pasado todo el 2017, ahora podemos decir con más conciencia que hay un consenso mayoritario en la idea de que Marcha Verde no avanzara a convertirse en un partido político, eso quisiera el oficialismo, pero al mismo tiempo ha sido en este periodo el principal instrumento de oposición política del régimen corrupto, ya que los partidos de oposición tanto de derecha como de izquierda además de estar dispersos, descoordinados y debilitados, están más ocupados en temas de sus particulares intereses.
• El párrafo anterior despeja todas las confusiones alrededor de los objetivos de la Marcha Verde y de lo que ha pasado con el modelo socioeconómico y político en la Republica Dominicana en los últimos 50 años, el rol de los movimientos sociales, su actual autonomía respecto a los partidos, los cambios tecnológicos, una mayor cantidad de información disponible para la población, y un hecho relevante que ahora puede verse claro ante nuestros ojos aunque muchos no lo quieran aceptar: Ya los partidos no pueden monopolizar la oposición política y solo son necesarios si cumplen con su rol. No obstante habría que tener cuidado en generalizar lo anterior, pues el propio éxito de la Marcha verde no tendría las dimensiones que tiene sin el apoyo de los partidos de oposición aun en medio de sus falencias, esto para que nadie se auto engañe.
• De esas confusiones ahora despejadas con el año que termina, salieron las ideas infantiles de que la Marcha Verde no podía jugar un rol político porque se dividiría, pero es que son circunstancias concretas las que le imponen ese rol si quiere lograr sus objetivos, no es un problema de deseo ideologizado.
• Para las elites, los sectores populares nunca han tenido más derechos que ir a votar cada 4 años, pero ejemplos de que el movimiento social popular puede asumir posiciones políticas son abundantes en nuestra historia. Después que los golpistas cerraron las posibilidades de la lucha institucional y asesinaron a Manolo Tavares y sus compañeros en Las Manaclas en diciembre de 1963, los primeros que comenzaron a levantar la consigna política de “vuelta la constitucionalidad sin elecciones”, fueron los sectores populares por medio de las luchas sindicales, choferiles y estudiantiles en el primer semestre de 1964.
• Hoy, casi 55 años después hay sectores que dicen que la Marcha Verde no puede pedir la renuncia y mucho menos la destitución, de un presidente que ya en el 2012 fue electo a costa de crear un déficit a costilla del pueblo de más 200 mil millones de pesos, que compró un reforma constitucional con el dinero público en 2015, instaló el departamento internacional de sobornos de Odebrecht en el Palacio Nacional, se robó unas elecciones en el 2016 y creó una comisión de jueces y parte de la elite empresarial en Punta Catalina para auto protegerse. ¿Hasta dónde es legítimo el actual mandato presidencial?¿No es todo lo anterior un golpe de estado en los hechos?.
• La propuesta de revocatoria presidencial no es un intento de variar la consigna del fin de la impunidad, es exactamente lo contrario, es la derivación lógica y hasta natural de la lucha contra la corrupción y la impunidad a la luz de lo que ha pasado en el año 2017. Un presidente que consigue el poder de manera espuria lo usa para obstruir la justicia, saliéndose de su propia “legalidad”.
• No es cierto que esta propuesta no tome en cuenta la correlación de fuerzas, ya que en ese sentido la misma tiene el mismo estatus que otras, por ejemplo ¿Es verdad que se van a recuperar los dineros robados por Odebrech, Félix Bautista y por Ángel Rondón en el marco de la actual relación de poder? Entonces ¿Por qué se puede pedir la recuperación del dinero robado y no la revocatoria de un mandato ilegitimo?.
Puede decirse que la propuesta de destitución presidencial no ha sido discutida en un encuentro nacional, pero lo mismo podía decirse de la demanda de enjuiciamiento político al presidente que no se había discutido a ese nivel cuando se expuso públicamente por primera vez en la gran marcha del 16 julio. Hay camino democrático para saber si la mayoría apoya o no este reclamo, tratándose de un asunto importante para el país, someterlo a discusión y votación en el próximo encuentro nacional y ya, acoger lo que diga la esa mayoría.
• Fueron correctos los reclamos judiciales levantados en la marcha del 22 de enero en el marco de la consigna general por el fin de la impunidad, incluso en ese momento hubiese sido oportuno proponer el enjuiciamiento del Presidente por nombrar una comisión en Punta Catalina para obstruir la justicia, pero lo que paso en el país en el 2017, es que el régimen nos ha dicho en nuestra cara, que no va hacernos concesiones ni siquiera leves en el terreno judicial-institucional. No fuimos nosotros, sino el régimen que dijo que no perseguiría a Odebrecht, que hizo un acuerdo ominoso con la empresa, fue el régimen que el 29 de mayo dio a conocer un expediente burlesco donde incluyo a quien le dio la gana.
• Para que no quede ninguna duda de que el régimen nos dijo que cerraba cualquier posibilidad de cumplir con su propia institucionalidad judicial, después de la gran marcha del 16 de julio, mandó a todos los presos de Odebrecht para su casa.
• Ya en agosto de 2017 las consignas judiciales-institucionales estaban agotadas, el régimen nos dijo: si quieren justicia tendrán que derrotarnos políticamente, cosa que no es nueva porque ya en 1963 los oligarcas dieron un golpe y dijeron que no aceptarían ninguna democracia decente donde no se robe, cuando fueron derrotados el 27 de abril del 65 en el Puente Duarte, trajeron los tanques estadounidenses para impedir eso mismo. Cincuenta años de crecimiento económico con pobreza y violencia generalizada, es precisamente por esa polarización social con corrupción y ahora las elites son más fuertes y más corruptas y nos dicen que no están dispuestas a dejar de robar mientras tengan el poder. La concentración económica trajo la concentración del poder en un solo partido, que no está dispuesto a cumplir con la ley.
• Por ser concreta, es la propuesta de destitución presidencial la que ha trazado el marco del debate entre las dos grandes tendencias de opiniones surgidas en el campo popular, progresista y alternativo de la Republica Dominicana en esta coyuntura.
• El nudo de la cuestión son las posibilidades y alcances del cambio político que los diferentes actores visualizan a partir de la nueva transición que se va abriendo en el país: De un lado los que creen que la crisis desembocará básicamente en una reforma de la actual institucionalidad, adecentándola y del otro, los que consideran que la actual pugna tiene méritos para cambios estructurales de más profundidad. Solo el curso de los acontecimientos podrá ir esclareciendo el alcance de los cambios, pero como estamos en las fases iniciales de una nueva transición dentro de la transición trujillista: Mucha gente y grupos aún no tienen muy claro el lugar que les corresponde a sus intereses y con frecuencia aparece que los que deberían estar de un lado están del otro. Todo lo otro es mayormente diatriba insustancial propia de nuestro medio.
• El actual régimen derivado de los mal llamados Pacto Por la Democrática (1994) y Frente Patriótico (1996), es ya sin ninguna duda La Era PLD, y para comprender porque es preferible exigir una destitución presidencial y no un juicio político, basta decir que el actual régimen es el Trujillismo en las condiciones del Siglo XXI.
• Ese último concepto significa que el régimen peledeista en esencia ha seguido una nítida continuidad histórica del conservadurismo, corrupción y golpismo santanista-Baecista-lilisista-Trujillista-Balaguerista, sin importar que de por medio haya estado la figura emblemática de Juan Bosch, por tanto quienes conocen los ciclos históricos de la lucha política de la Republica Dominicana no tienen que adivinar, que en los próximos años el pueblo dominicano se batirá inevitablemente con la mafia morada, que en el contexto actual esta lucha sea esencialmente pacifica(por fortuna), no le quita significación histórica.
• Es un problema del soberano, no estamos hablando de un problema que le incumbe solo a los partidos, es nuestro derecho, así como hay un calendario constitucional que dice que hay elecciones en el 2020, el pueblo dominicano tiene un calendario sociológico que dice que el oprobioso régimen peledeista también le está llegando su hora. Los aparatos partidarios pueden poner algunos frenos y prolongar por algunos años más la agonía del régimen, haciendo cálculos egoístas, pero no pueden detener el curso de la historia. El contra golpe democrático es un patrón histórico nuestro pueblo y difícilmente será obviado con el actual régimen de 20 años.
• Fue el contra golpe democrático que vio morir a Pedro Santana con la tea de la Guerra Restauradora por su golpe anexionista de 1861, Lilis lo recibió el 26 de julio de 1899 en Moca, mientras andaba quemando sus papeletas falsas con la que desfalco la economía y Trujillo termino su hazaña golpista de 31 años en el baúl de un carro el 30 de mayo de 1961, así como Donald Read Cabral y su gobierno golpista del Triunvirato que el pueblo con razón bautizo con el nombre de Alí Baba y los 40 ladrones, fue depuesto por los militares honestos el 24 de abril de 1965.
• Ese desenlace histórico fue comprado por la cúpula peledeista al transformarse en una mafia, su salida está marcada en el calendario: Van pa fuera.
• Es comprensible que alguna gente se resista a aceptar que los discípulos de Juan Bosch se hayan transformado en un banda de ladrones y dictadores criminales que en el 2017 llegaron incluso a mandar a matar gente que denuncia su corrupción cosa que está a la vista de todo el mundo porque las guaguas de la OMSA ruedan por muchas calles.
• El desalojo del gobierno primero y del poder después de esta nueva mafia heredera de Trujillo y Balaguer, es lo que espera el pueblo para el inicio propiamente de una nueva transición política, eso es lo general, lo relevante, la solución del problema concreto de la coyuntura política actual. Que los aparatos partidarios de oposición que deberían estar unidos en ese punto, se pierdan en si ahora, en si el 2020 o después, en juegos de palabras y otras yerbas aromáticas, solo habla de sus mezquindades particulares.
• No podemos querer acatar la actual “legalidad”a toda costa, el juicio político a estas alturas, es un esfuerzo desesperado por defender una institucionalidad que ya no da para más.
Las siguientes son a nuestro modo de ver las estrategias que adelantan los diferentes actores e insistimos en que las consecuencias políticas del proceso son inevitables.
• El régimen sigue siendo el principal actor de este proceso y juega muy claramente a que todo se dilucide en el certamen electoral del 2020, sabiendo la ventaja decisiva que le dan el control de las reglas, los árbitros y el uso de los recursos mal habidos. Ganar tiempo es su principal estrategia, sacar el tema del fin de la impunidad de la palestra, alargar los procesos judiciales, como mucho lograr penas simbólicas para los actuales imputados y nada más. Algunos se confunden sobredimensionando las contradicciones internas que son reales de las facciones del régimen, no sabiendo que también usan esos recursos como los del debate de las primarias y otros para mantener al pueblo y a la oposición partidaria entretenidos adelantando el debate electoral, con lo cual imponen su agenda global.
• La estrategia de forzar a rajatabla una solución judicial-institucional inexistente favorece principalmente a la estrategia de los intereses de la elite estadounidense, que es el único actor con manejo de información privilegiada y fuerza para doblegar al régimen en algunos temas, ya que por tradición las sumisas elites locales temen que les quiten sus visas o les dificulten sus negocios. Los norteamericanos tienen una postura muy parecida a la que sustentaban en los años finales de la tiranía trujillista donde eran favorables a un “cambio democrático”, pero no renunciaban a Trujillo hasta no asegurarse de que la transición desembocara en una segunda Cuba. Como lo que tienen es intereses y no amigos permanentes, pues ya saben los riesgos de seguir apoyando la mafia morada, quisieran ayudar a cambiarla, pero no renuncian a ella hasta no asegurarse que sus intereses estén bien resguardados en el proceso de cambio.
• La estrategia de una parte importante de las organizaciones partidarias de la izquierda es “Radicalizar los reclamos y movilizaciones desde ahora y derrotar electoralmente al régimen en las elecciones del 2020”, asumiendo una postura pragmática, aunque saben que la propuesta de revocatoria presidencial es justificable, se decantan a partir de su visión de la correlación de fuerzas, porque el esfuerzo político se centre en el plano electoral. En los hechos tratan de ponerle frenos economicistas-judicialistas-leguleyos para proteger el escenario electoral. A nuestro modo de ver subestiman los riesgos del entrecruce de esta estrategia con las estrategia del régimen que domina las reglas electorales y los intereses de la elite estadounidense que domina las principales armas de presión y chantaje en el terreno judicial-institucional. Sin cambios previos, quedaran atrapados en los fuegos cruzados de los combatientes principales como ya paso en el 2016.
• En la Marcha Verde muchas de las preocupaciones de los militantes y activistas sin partido dirigen sus ojos a tratar de evitar que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) aproveche electoralmente este esfuerzo colectivo, es comprensible, pero no es atacando a este partido que se puede resolver este problema, sino planteando soluciones globales como la destitución presidencial, la constituyente, el propio programa por el fin de la impunidad y otros que tracen una ruta favorable a las mayorías. La estrategia del PRM, es básicamente no hacer nada, mantenerse vigilante bajo las sombras, tratar de resolver sus baches internos que no son chiquitos y beneficiarse electoralmente de las estrategias más arriba mencionadas de la elite estadounidense y los grupos de izquierda y de centro que privilegian desde ahora la ruta electoral del 2020.
• Es un error basado en prejuicios creer que la propuesta de destitución presidencial es una idea de un simple grupo de jóvenes o de los sectores más radicalizados de la izquierda partidaria, no, la misma se conecta con amplios sectores nacionales de la clase media arruinada por la polarización económica de las últimas décadas y los sectores populares tradicionalmente marginados, que desconfían en las eventuales soluciones enmarcadas en la actual institucionalidad fraudulenta. Obvian también que somos un país de arraigado presidencialismo.
• La política alternativa exitosa del siglo XXI se caracteriza por canalizar los derechos sociales y políticos de las mayorías de manera concreta, sin tantos mediantes e intermediarios.
• Pensar que plantear un juicio político al Presidente de la República en las actuales condiciones es una manera más potable o expedita de convencer a los sectores populares, es desconocer la idiosincrasia del pueblo dominicano que sabe por experiencia política que esa iniciativa solo puede concluir exitosa si logra destituir al presidente y que no va a creer que se puede hacer efectiva utilizando las instituciones a su servicio. Se tiene el efecto contrario, porque la gente piensa que al no querer decírsele la cosa con claridad, se buscan intereses ocultos.
• Son nuestros jefecitos políticos que tienen que comenzar aceptar la idea de que no están muy por encima de la media de conocimientos e información en nuestra sociedad, que a su manera, nuestra gente humilde sabe pensar.
• Toda la diatriba sobre el tema electoral es más creada por la cabecita prejuiciada que por los hechos reales. Si es muy claro que el tema electoral en las actuales condiciones beneficia al régimen, ¿cuál es el afán en adelantarlo?, pero igual, en una sociedad con una cultura electoral tan arraigada, ¿cuál es el interés de otros de presentarlo como un tema sí o no ?, si de cualquier forma se necesita tener mecanismos electorales para darle legitimidad a una constituyente o a cualquier mandante que se escoja, por eso sobre ese punto lo que estamos planteando es producir los cambios normativos necesarios de los que resulten elecciones creíbles.
