Un nuevo desafío anti-corrupción

El gobierno dominicano que ha ignorado la “Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción” tiene un nuevo desafío en unas 30 iniciativas pactadas con organismos internacionales y entidades sociales Escrito por: JUAN BOLÍVAR DÍAZ ( juandolivardiaz@gmail.com) Al pasar balance esta semana en San Salvador al cumplimiento de la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción adoptada hace cuatro años quedó evidente que el gobierno dominicano no ha cumplido los compromisos que contrajo junto a los países de América Central y Panamá. La voluntad de lucha contra la corrupción tendrá un nuevo desafío este mes cuando se adopten unas treinta iniciativas específicas para combatir ese flagelo pactadas con representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil dominicana en diez mesas de trabajo tras varios meses de trabajo. Las iniciativas APAC. La voluntad del gobierno para combatir la creciente corrupción administrativa tendrá un nuevo desafío a partir del 20 de octubre cuando se oficialicen las propuestas consensuadas con representantes de los organismos internacionales y de la sociedad civil, en lo que se ha denominado como Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC). El proyecto comenzó en julio del 2009 cuando el presidente Leonel Fernández invitó a representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Mundial a participar en una reunión en el Palacio Nacional donde se abordaría el problema de la corrupción. Hubo otras dos reuniones en septiembre y diciembre. En el último encuentro el presidente Fernández pidió a los organismos internacionales que ayudaran al gobierno a establecer un programa para combatir la corrupción, lo que fue aceptado, aún cuando algunos lo veían como un recurso del gobierno para ganar tiempo, puesto que ya el país tiene numerosas normativas legales que de ser respetadas aumentarían la transparencia y reducirían el margen para malversar recursos. Las organizaciones sociales fueron invitadas a participar de la concertación, lo que algunas recibieron con poco entusiasmo, por la convicción de que “no faltan normativas, sino voluntad política”. Participaron el Consejo Nacional de la Empresa Pública, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y, con limitado entusiasmo, Participación Ciudadana. El PNUD no participó del proyecto, pero sí lo hicieron una docena de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, Unicef, Organización Panamericana de la Salud, la Cooperación Española y representantes diplomáticos de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y España. Por el gobierno dominicano participan los ministerios de la Presidencia y de Economía, la Procuraduría y la Contraloría General, el Departamento de Prevención de la Corrupción, la Cámara de Cuentas, y la Comisión Nacional de Etica. Los ministros César Pina Toribio y Temístocles Montás, y el doctor Vincho Castillo han sido parte del comité organizador. Las recomendaciones. Durante varios meses los delegados ponderaron propuestas específicas en diez mesas de trabajo referentes a sistemas transversales, compras y contrataciones, servicio civil, gestión financiera, normativas de transparencia y acceso ciudadano a la información. Aprobaron 33 acciones específicas que pueden resumirse en 26, las que serán proclamadas en una sesión conjunta convocada para el próximo 20 de octubre en curso. Se pueden hallar en la página web de la representación nacional del Banco Mundial. Aunque la gran mayoría de las propuestas giran en torno al cumplimiento de leyes, reglamentos y decretos vigentes, hay algunas que son innovadoras, como la que dispone la implementación de una “Cuenta Única del Tesoro”, a través de la cual tendrían que hacerse todos los pagos de las instituciones del Estado. Se estimó que hasta ahora hay unas 6 mil cuentas y que muchas entidades estatales tienen varias, lo que permite diluir los controles. Otra recomendación es la “publicación inmediata” de toda la información sobre la ejecución presupuestaria del gobierno a través de la página en Internet de la Dirección General de Presupuesto. Se propone la creación de un “Sistema de Monitoreo” que permita apoyar la gestión y seguimiento de los contratos de obras del Estado, y la creación de un “Órgano Rector” de la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública. Numerosas resoluciones se refieren al cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, a la Ley 41-08 de la Función Pública, a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento 130-05 y al Decreto 211-10 sobre el Sistema de Control de Evaluaciones. Una resolución dispone “unificar la compra de medicamentos de las instituciones estatales” a través de PROMESE-CAL, ponderando los beneficios que ha acumulado esta entidad, aunque no cita el Decreto 991-00 del presidente Hipólito Mejía que lo dispuso hace diez años, y que ni su gobierno ni el actual han cumplido. Esta semana Roby Senderowitsch, representante en el país del Banco Mundial, habló dos veces sobre el tema, ayer en HOY, y el miércoles en Uno más Uno de Teleantillas, donde sostuvo que todo dependerá de la voluntad del gobierno y que incluso los organismos internacionales disponen de los recursos económicos que pueda demandar la implementación de las IPAC. Inacción gubernamental. La malversación de los recursos públicos es el gran baldón del gobierno del presidente Fernández, tanto en las evaluaciones nacionales como internacionales. Las denuncias se suceden semana tras semana y las últimas encuestas Gallup-HOY han mostrado una abrumadora percepción de que la corrupción crece a niveles alarmantes. En la última, publicada a principios de julio pasado, el 86 por ciento de los encuestados señaló que hay corrupción en el gobierno, un 60 por ciento la estimó mayor que antes y un 26 por ciento igual, mientras sólo un 13 por ciento consideraba que ha disminuido. En las evaluaciones internacionales la República Dominicana queda en los últimos escalones en materia de transparencia y corrupción. En el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2010-11, ocupa la peor posición, entre 139 países evaluados, en favoritismo en las decisiones gubernamentales; la penúltima en despilfarro del gasto público; y la 136 en desvío de fondos. Lo peor es la sensación de impunidad y la convicción de que los políticos utilizan la corrupción como una herramienta de enriquecimiento personal, para ganar adeptos y mantenerse en el poder. Las denuncias de corrupción se refieren a violaciones de las normativas vigentes, sobrevaluación de obras y de todo género de adquisiciones, a menudo a favor de familiares y relacionados, pago de nominillas a militantes políticos y familiares, conflictos de intereses entre funcionarios públicos y empresas o servicios propios y de relacionados, y recepción de comisiones por trámites diversos. El mayor escándalo de corrupción registrado en el país es la venta internacional de pagarés por 130 millones de dólares, a través de la empresa Sun Land, a partir del 2005, sin la correspondiente aprobación del Congreso, para financiar obras que nunca se ejecutaron, sin que se haya aclarado el destino de esa suma ni cómo se cubrió la deuda contraída. Declaración de Guatemala El martes y miércoles pasado sesionó en San Salvador el “Primer Foro de América Central y República Dominicana Sobre Transparencia”, convocado con auspicio de Transparencia Internacional, para dar seguimiento a la “Declaración de Guatemala por una Región Libre de corrupción”, firmada el 16 de noviembre del 2006 por los presidentes y jefes de gobierno de los cinco países centroamericanos y Panamá. Aunque fue invitado, el presidente Fernández no asistió, pero su gobierno se comprometió con la firma del embajador adscrito a la cancillería Luis Manuel Piantini. Todos los compromisarios de la Declaración de Guatemala llevaron informes sobre las ejecuciones del cuatrienio transcurrido, pero no así los representantes dominicanos. Allí estuvieron Hotoniel Bonilla del DPCA, Pablo del Rosario, vicepresidente de la Cámara de Cuentas, y Miguel Suazo, de la Comisión Nacional de Ética. También asistieron la periodista Alicia Ortega, especialmente invitada, la Alianza Dominicana contra la Corrupción y el movimiento cívico Participación Ciudadana, enlace en el país de Transparencia Internacional, cuyos delegados, Miriam Díaz Santana y José Ceballos, sí presentaron un informe relevando el incumplimiento de los objetivos de la Declaración por parte del gobierno dominicano. El informe de PC sostuvo que el gobierno dominicano ha ignorado por completo los compromisos contraídos en Guatemala que no han pasado de “un acto protocolar”. Un documento de más de 40 páginas analiza los niveles de cumplimiento de las normativas anticorrupción del Estado Dominicano, citando diversas evaluaciones, para concluir en que en su mayor parte no se cumplen o solo se observan a medias.