Discurso Minou Tavarez ante la Camara de DIputados el 13 de dciembre 2010

Señor Presidente, Estimados colegas diputados y diputadas: A estas alturas de nuestra democracia, nuestro desafío es sencillo: Tenemos que empezar a cumplir lo que prometemos. Casi al final de la última campaña electoral, el pasado 27 de abril, publiqué en Diario Libre un artículo con el nombre “El Reino de la Primera Vez” que iniciaba con este párrafo: “Cuando intentamos parecernos a las palabras que decimos, cuando concretamos las promesas que hacemos, es decir, cuando vamos de los dichos a los hechos, tenemos que pasar por el inevitable Reino de la Primera Vez. En la vida todo es cuestión de dar o no dar ese primer paso. Ese primer paso que nos lleva de lo usual a lo inusual. De lo acostumbrado a lo correcto. De lo imposible a lo posible.” Recordarlo sirve para establecer con absoluta claridad que ya pasó el tiempo de justificar los atropellos a la ley y a los derechos ciudadanos recurriendo al argumento torpe de que eso es lo que se ha hecho siempre. Vergüenza es lo que tenemos que sentir por el incumplimiento de la ley. Violarla en forma repetida no sólo agrava la falta, nos pone en una situación delicada y peligrosa. Y lo afirmo responsablemente porque se ha llegado al extremo de proponer en la Ley General de Presupuesto la vigencia transitoria de otra ley, la 66-97, promulgada en uno de los anteriores gobiernos de mi Partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es ir demasiado lejos. Las prioridades de políticas que leemos en números en el Presupuesto no pueden justificar el irrespeto al Estado de Derecho. Para no actuar fuera de la ley, no puede proponerse suspender transitoriamente su vigencia. Así toda conducta podrá ser permitida. Nada podrá ser sancionado. Estimadas y estimados colegas, cualquier aprendiz de demócrata ante tamaño desatino, debería sentir temor y preocupación por el futuro de este país en el mundo. La frágil democracia dominicana es víctima de acciones y omisiones que no podemos ignorar ni mucho menos permitir como tampoco podemos responder a la justificada preocupación ciudadana, solamente con un franco e incomprensible desprecio. Invito a la revisión del presupuesto en primer lugar asumiéndolo como lo que realmente es: un documento político que permite conocer con absoluta claridad lo que el gobierno se propone hacer y lo que tiene para él una importancia secundaria o simplemente no tiene ninguna. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni nadie puede pretender que se incumpla la norma legal y constitucional que obliga, repito, obliga, a invertir el 4% del Producto Interno Bruto en educación. Como tampoco pueden promover la construcción de obras que sí están en el presupuesto. Y si lo han hecho, entonces deberíamos estar mucho más alertas, pues ello significaría una clara amenaza a nuestra soberanía. Ya bastante tenemos con escuchar cómo debemos terminar con la corrupción o la necesidad de un cambio cultural de los dominicanos y dominicanas o acerca de nuestra situación interna en español con acento. El Programa de gobierno de mi Partido de la Liberación Dominicana para el período 2008 – 2012 en el campo de la educación dice textualmente: Objetivo 10: Propiciar las condiciones necesarias para el aumento gradual de la inversión del Estado en Educación, como un medio de garantizar la sustentación del desarrollo de las políticas educativas, priorizando la inversión destinada a los programas y proyectos dirigidos a elevar la calidad de la educación, garantizando el acceso a la misma de todos los sectores de la población. Vamos entonces a cumplirle a este pueblo que nos eligió y ya salió a gritar su esperanza por las calles. El Presupuesto, como he dicho, es ante todo un documento político y el Poder Ejecutivo responsable constitucionalmente de elaborarlo tiene la absoluta autonomía para plasmar en él sus prioridades y nosotros, el Poder Legislativo, la más completa libertad de proponer y aprobar cambios. Ambos poderes tienen una clara limitación: la propuesta y/o sus cambios, deben ser respetuosos de la Constitución y de la ley. No es posible que la Ley de General de Presupuesto pretenda, aún transitoria o gradualmente, suspender la vigencia de un derecho constitucional, consignado en el Artículo 63, cuyo numeral 10, dice: “La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas;” Entonces, está claro que la Constitución nos manda a cumplir el monto mínimo que establece la ley, el 4%. Aprobar una propuesta diferente, nos pone en una manifiesta violación a la Constitución. El párrafo que propone eliminar transitoriamente la vigencia del artículo 193 de la Ley de Educación, si no es una violación a la Constitución, sería una modalidad novedosa de ocultar una reforma constitucional. No nos expongamos a que el Tribunal Constitucional nos recuerde que los legisladores también estamos sometidos a la Constitución como bien reza su artíiculo sexto. Ya lo dije antes y lo repito: Nuestro desafío es sencillo. Tenemos que empezar a cumplir lo que prometemos. “Como individuos y como país no seremos los primeros ni los últimos en ir del dicho al hecho perdiendo el miedo a pasar por el Reino Inevitable de la Primera Vez.” El fracaso más grande es no intentarlo. A cualquier precio: ahí nos encontraremos. Minou Tavárez Mirabal