Proponemos levantar la conciencia de dominicanos con integridad y deseo de contribuir en el rescate de los valores cívicos, éticos, morales, culturales y espirituales de nuestra nación. Unidos en una tarea que luce imposible, pero nuestra historia y el ejemplo de hombres como Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, nos muestran es posible con el favor de Dios y el compromiso por futuras generaciones sin vender nuestras conciencias y así lograr los cambios necesarios para el progreso dominicano.
martes, 14 de diciembre de 2010
Discurso Guadalupe Valdez ante la Camara de Diputados el lunes 13 de diciembre del 2010
Votaré por un Presupuesto General del Estado que priorice la inversión social para el desarrollo humano, fundamentalmente que garantice el derecho a la educación
El Artículo 7 de nuestra Constitución dice “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”
He querido traer este artículo porque creo que puede servirnos para reflexionar en este importante momento en que debatimos sobre el Presupuesto del Estado.
El Presupuesto General del Estado del 2011 no refleja una orientación clara hacia el desarrollo humano y la inversión social, está muy concentrado en pocos núcleos urbanos, mantiene una tendencia al endeudamiento público.
El Presupuesto que ha sido presentado y aprobado por el Senado de la República no contempla algunas de las indicaciones recogidas en el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico, que dirigió Jacques Attalí, así como tampoco las metas de los Objetivos del Milenio.
Requerimos un Presupuesto que sirva como instrumento para avanzar en el Plan Plurianual y en el logro de las metas que se establecen en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se ha estado concertando desde hace meses y que deberá ser aprobada por el Congreso cuando sea remitida por el Poder Ejecutivo.
Llamamos la atención de la importancia de respetar la Constitución de la República, por ejemplo, el artículo 63 de la Constitución que señala que la inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómicos del país. Las estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía y consensuadas con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, la economía dominicana crecería entre 5.5-6% en términos reales para el 2011, y este crecimiento tiene que expresarse en la inversión en educación en el Presupuesto.
El Artículo 55 del adendun viola este artículo de la Constitución.[i]
Los legisladores y tomadores de decisión, tenemos que escuchar los planteamientos que se están haciendo desde diversos sectores de la sociedad dominicana. Incluyendo, los informes de los organismos internacionales (BID, Banco Mundial, Naciones Unidas, CEPAL, PISA, SERCE), incluyendo el Informe Attalí que plantea “formar las nuevas generaciones con el principal instrumento que tiene la sociedad, que es la educación, y para lo que recomienda elevar el presupuesto de la educación al 4 % del PIB para la primaria y la secundaria, y el 1 % para la educación superior.
El Articulo 217 de la Constitución señala que el régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano y el artículo 238 indica que hay que realizar una asignación equitativa del gasto público en el territorio.
El Presupuesto General del Estado 2011 tiene que cumplir con la disposición Transitoria Decimoctava que señala que “las previsiones presupuestarias para la implementación de los órganos que se crean en la presente Constitución deberán estar contenidas en el Presupuesto del 2011.
El Artículo 53 del adendum viola esta disposición transitoria al traspasar esta potestad al Ministro de Hacienda.[ii]
El informe que dirigió Jacques Attalí, plantea como la primera de sus recomendaciones “devolver la confianza en las instituciones para restaurar el contrato social”. Considero que esta confianza solamente será posible si escuchamos, atendemos y solucionamos los reclamos de la mayoría de la población, por su derecho a la educación, actuando con criterios de pluralidad, solidaridad y democracia.
Reconozco que nos encontramos inmersos en una crisis económica internacional que repercute negativamente en nuestra economía, y que, por tanto, cualquier decisión que tomemos en la Cámara de Diputados tiene que partir de esta realidad. Por lo cual hay que reorientar algunas partidas y disminuir otras para atender las necesidades de la población sobre la educación, y así mismo para atender los propios deseos expresados por el señor Presidente de la República, quien en numerosas ocasiones y en numerosos foros ha manifestado que la educación es vital para el desarrollo del país.
Hacemos un llamado a las fuerzas políticas del país representadas en el Congreso Nacional a establecer un gran acuerdo. Un acuerdo sustentado en prioridades de inversión social y en desarrollo humano. Un acuerdo que tienda a fortalecer las instituciones y la relación con la población. Un acuerdo que dé garantías a la población de que se cumpla y eso solo es posible si se consignan esos recursos en el Presupuesto general del Estado 2011.
Quiero recordar que la gradualidad para cumplir el 4 % establecido en la Ley General de Educación fue establecido en el Plan Decenal de Educación 2008-2018 que lleva por título “Construyendo la respuesta nacional para lograr la Educación Dominicana de Calidad que queremos”. El acuerdo en ese momento de los diversos sectores fue: alcanzar al 2009 el 2.61% del PIB; en el 2010 el 3.03% del PIB; al 2011 el 3.42% del PIB; al 2012 el 3.82% del PIB para llegar en el 2013 el 4.24% del PIB.
Estoy convencida que podemos llegar a acuerdos que repercutan positivamente en el desarrollo del país, en una mejor gobernabilidad y representatividad, en una democracia más madura, en disminuir los índices de pobreza, para que la gente pueda vivir con dignidad, generando trabajo, vivienda, seguridad alimentaria y sobretodo en garantizar una educación de calidad para todos y todas.
Votaré por un Presupuesto General del Estado que priorice la inversión social para el desarrollo humano, fundamentalmente que garantice el derecho a la educación
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