“Paren eso” Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad

Señores

Mariano Germán Mejía,

Presidente de la  Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial;

Francisco Domínguez Brito,

Procurador General de la República.

Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas nos dirigimos hoy a ustedes para exigir la aplicación de todo el peso de la ley a los servidores públicos que han utilizado los recursos públicos para su beneficio personal o el de su partido, traicionando la confianza del pueblo dominicano.

La corrupción es la peor forma de utilizar los recursos del Estado, es el peor gasto público, roba recursos para combatir la pobreza y es un obstáculo para el desarrollo de hombres y mujeres, además de lesionar el sistema democrático cuando este uso no es sólo individual sino partidario.

El Sistema de Justicia de esta República no puede permanecer indiferente ante un flagelo que está enriqueciendo a una pequeña parte de la clase política nacional a expensas de la miseria de la mayoría de la población; del histórico y vergonzoso desorden de las instituciones; y de la ineficiencia de servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad, el agua potable, la electricidad y el transporte.

Nuestra sociedad conoce importantes y recientes ejemplos de robo y prevaricación de la propiedad colectiva, pues estos son registrados semana tras semana en los espacios periodísticos que, con un alto sentido de valentía y respeto por el imperio de la justicia,  denuncian con pruebas,  nombres y apellidos a los funcionarios y funcionarias que abusan de sus cargos  públicos para acumular beneficios privados.

Estos casos despiertan recurrentemente la indignación y el deseo de justicia de quienes aspiramos a vivir en una sociedad justa y respetuosa de su ley.

De igual forma, esta sociedad ve cómo Participación Ciudadana, la  Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza País y otras organizaciones cívicas y políticas se fundamentan en el artículo 146 de nuestra Carta Magna para ir más allá de la denuncia y someter a expresidentes, legisladores, ministros, exministros, alcaldes y otros funcionarios.

Estas muestras de responsabilidad y fiscalización ciudadana, sin embargo, contrastan a diario  con la  lamentable inercia  del Ministerio Público. El órgano facultado  por la Constitución para perseguir el delito en cualquiera de sus manifestaciones se muestra inflexible con el delincuente común de los barrios, pero mantiene una actitud pasiva frente a los grandes casos de corrupción que se denuncian  una y mil veces desde los medios informativos y las organizaciones cívicas.

El país ha visto la contundencia y la rapidez con que la Procuraduría puede sancionar a un alcaide de El Seibo por permitir irregularidades en un centro carcelario, mientras se ignora por completo a los responsables del déficit fiscal del 2012 y los informes de la Cámara de Cuentas donde se explica que en el mismo año hubo Ingresos Tributarios no ingresados al circuito presupuestario por montos que suman más de RD$1,300 millones.

El mismo Pleno de la Cámara de Cuentas entregó en abril a la justicia los resultados de las 54 auditorías después de confirmar que los principales funcionarios de esas instituciones violaron leyes que comprometen su responsabilidad legal. Las auditorías detectaron malversación y dispendio de recursos del pueblo dominicano por RD$4 mil millones en la administración pública, desde 2004 hasta el 2008. Sin embargo, la mayoría de estas auditorías se encuentran archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa y en diferentes fiscalías del interior, sin que el Ministerio Público inicie acciones legales contra los funcionarios que elegidamente incurrieron en manejo indecoroso de los dineros públicos.

En los días recientes tampoco han despertado el brazo persecutor del Ministerio Público las fundamentadas denuncias de corrupción en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), ni la presunta irregularidad de la declaración jurada de bienes del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

La indiferencia de la Procuraduría General de la República raya hoy en la complicidad, y hay que pararla.

La impunidad de los responsables de actos de corrupción agudiza el fenómeno, por cuanto estimula un círculo perverso de nuevas prácticas corruptas y de ostentación del enriquecimiento ilícito sin consecuencias penales, generando una cultura de prevaricación que corroe la calidad de gobierno y amenaza la convivencia pacífica de este pueblo.

Archivar grandes casos de corrupción es una práctica que jueces y juezas de la República mantienen vigente, obligando a la población a realizar juicios populares para, por lo menos, simular la aplicación de la ley. Pero este pueblo se merece mucho más que simulaciones. Esa impunidad hay que pararla.

Ustedes, en su calidad de rectores del sistema nacional de justicia, deben pararla. 

Sabemos que la tarea que les reclamamos no es fácil, por los grandes intereses económicos y políticos que se alimentan de la corrupción pública. Pero deben saber que la ciudadanía respaldará a las autoridades que se atrevan a hacer justicia imponiendo el castigo que manda la ley a quienes, con el hurto flagrante de los bienes colectivos, traicionan los principios que sustentan nuestra sociedad.

Nosotros y nosotras, los firmantes de este documento, les informamos que hoy damos inicio a una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. Y, en el marco de la misma, estamos dispuestos a apoyar  cualquier acción ciudadana o institucional que procure erradicar de una vez y para siempre una de las grandes lacras que obstaculizan el desarrollo pleno de República Dominicana.  No tengan dudas de que recibirán nuestro respaldo si deciden superar la pasividad actual del sistema de justicia y actuar en coincidencia con los mandatos de nuestra Carta Magna.

Señor presidente del Consejo del Poder Judicial, señor procurador general de la República, “Paren eso”, pongan un freno y un castigo ejemplar a los corruptos y corruptas que nos traicionan y empobrecen, y la inmensa mayoría de los dominicanos sabrá acompañarles y agradecerles. 



Movimiento Justicia Fiscal